AIRD e Infadomi respaldan acciones contra falsificación y comercio ilícito de medicamentos
La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) y la Asociación de Industrias Farmacéuticas Dominicanas (Infadomi) han expresado su firme apoyo a la lucha contra la falsificación y el comercio ilegal de medicamentos, destacando la reciente sentencia emitida por la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago. Esta sentencia afecta a la administradora de la empresa Copem Hospiclini, Edismery Esther Vásquez Jiménez, quien enfrenta acusaciones por contrabando, comercio ilícito y falsificación de productos farmacéuticos.
Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la AIRD, considera positiva la sentencia y hace hincapié en la importancia de fortalecer las consecuencias legales y las sanciones relacionadas con diversas formas de comercio ilícito en el país. Pujols destaca que la AIRD ha participado activamente en discusiones sobre el comercio ilícito en colaboración con entidades como el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, la Dirección General de Aduanas y Proconsumidor, y que en estas mesas de trabajo se involucran tanto organismos gubernamentales como el sector privado.
Por otro lado, Patricia Mena Sturla, vicepresidenta ejecutiva de Infadomi, subraya el respaldo de su organización a la persecución de los delitos de falsificación y comercio ilegal de medicamentos. Como representantes de la industria farmacéutica dominicana, enfatizan la importancia crítica de garantizar el acceso de todos los dominicanos a medicamentos seguros y efectivos. Para ellos, la erradicación del comercio ilegal de medicamentos es un paso fundamental en esta dirección.
Tanto la AIRD como Infadomi son miembros activos del Consejo Interinstitucional Público-Privado de Prevención, presidido por la procuradora general de la República y el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes. Este consejo supervisa constantemente la implementación de la Ley 17-19, destinada a combatir el comercio ilícito, en un esfuerzo conjunto entre el sector público y privado para proteger la salud y seguridad de la población.