Asocivu impugna decreto sobre registro y licencias de vehículos alegando impacto negativo en el sector
La Asociación de Importadores de Vehículos Usados (Asocivu) ha presentado este jueves ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) dos acciones legales para impugnar el decreto 420-23, que regula el Registro Nacional de Vehículos de Motor y las licencias para dealers y concesionarios. Según el gremio, este decreto podría entorpecer considerablemente la importación y comercialización de vehículos usados en la República Dominicana, específicamente los de origen coreano, japonés y los reconstruidos de Estados Unidos.
El presidente de Asocivu, Aramis Mella, destacó los riesgos significativos que el decreto impone, incluyendo la potencial prohibición de importar vehículos con características específicas, como los que tienen el volante a la derecha, común en vehículos japoneses. Esta restricción podría afectar a cientos de dealers que no lograron adquirir sus licencias antes de la fecha límite establecida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) el pasado 12 de marzo de 2024.
Mella argumenta que la entrada en vigor del decreto, tal como está redactado, dejaría en una posición muy desfavorable al sector, afectando no solo a los importadores y vendedores de vehículos usados, sino también a la economía informal y formal que depende de este mercado. Según el gremio, esta industria genera aproximadamente 200,000 empleos entre directos e indirectos.
Además, la Asocivu ha presentado una solicitud de adopción de medida cautelar para la suspensión inmediata de los efectos jurídicos del decreto y un recurso contencioso administrativo buscando la nulidad del mismo por considerarlo contrario a la Constitución y a acuerdos internacionales.
Este conflicto surge en un contexto donde, según los empresarios, más del 50% de los vehículos usados provienen de Asia y Estados Unidos, representando una opción crucial para sectores de la población que no pueden permitirse comprar vehículos nuevos. La medida, por tanto, no solo afectaría a los negocios directamente involucrados, sino también a consumidores de menores recursos.
El decreto, que fue publicado el 18 de septiembre de 2023, había otorgado un plazo de 120 días hábiles para que los operadores en funcionamiento solicitaran las licencias necesarias. Sin embargo, la Asocivu afirma que solo un 13% de los implicados pudo completar este proceso antes de la fecha de corte.
Con estos argumentos, el sector de vehículos usados busca una revisión y potencial modificación del reglamento para asegurar la continuidad y salud de esta industria vital para la economía del país.