Condenan a 30 años de prisión por fabricación y venta de bebida adulterada que causó cuatro muertes
En un fallo que subraya la importancia de la regulación sanitaria y la responsabilidad de los productores de bebidas, el Cuarto Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste ha condenado a Carlos Alberto Pérez Almonte a 30 años de prisión. La sentencia se debe a la fabricación y comercialización sin licencia de la bebida «Monday’s», que resultó en la muerte de cuatro personas y la intoxicación de otras siete en el año 2021.
Los magistrados Leonarda Quezada, Sandra Josefina Cruz Rosario y Julio De Los Santos Morla, encontraron a Pérez Almonte culpable de violar la Ley General de Salud No. 42-01 y la Ley No. 17-19, dirigidas a la erradicación del comercio ilícito, contrabando y falsificación de productos regulados. La condena se cumplirá en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres, ubicado en la provincia de San Cristóbal.
La tragedia cobró la vida de María Magdalena Montero Canario, Dennis Montero, Jennifer Ramírez Montero y Ruth Esther Ortega Ramírez, miembros de una misma familia. Otros afectados, Josefina Suero, Anyery Altagracia Alejo Sánchez, Juan Luis de la Rosa Polanco, Yeimy Montero, Loredys Montero, Jean Carlos Mejía y Darwin Leudy Correa Villa, sufrieron severos síntomas de intoxicación tras consumir la bebida adulterada.
El expediente acusatorio detalla que el 3 de abril de 2021, Pérez Almonte fabricó y vendió 100 tragos de «Monday’s» en presentaciones de mojitos de diferentes sabores, actuando desde Santo Domingo Este hacia el kilómetro 13 de la Autopista Duarte. Esta producción y venta se realizó sin las debidas licencias sanitarias, poniendo en grave riesgo la salud pública.
Análisis realizados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) revelaron que las bebidas contenían un 37.3% de metanol, una sustancia altamente tóxica para los humanos, evidenciando la negligencia y el desprecio por la seguridad y la salud de los consumidores.
Este caso resalta la necesidad crítica de adherirse a las regulaciones de salud y seguridad para proteger a la población, al mismo tiempo que pone de manifiesto las severas consecuencias legales de la fabricación y venta ilegal de productos regulados.