Desarticulada red de tráfico de armas en República Dominicana: Imponen medidas de coerción
La jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente ha impuesto medidas de coerción y declarado complejo el proceso legal contra los miembros de una estructura criminal dedicada al tráfico de armas de fuego en República Dominicana. Este operativo se llevó a cabo mediante allanamientos simultáneos en los municipios de Licey al Medio y Moca, con la participación de diversas agencias de persecución, siguiendo la solicitud de la Fiscalía de Santiago.
La jueza Iris Sugelly Borgen Santana dictaminó que seis de los imputados, Hornandys Emmanuel Cruz Almonte, Samuel Ramón Guaba Caraballo, César Emilio Toribio Vázquez, Jayro Diplán Guzmán, Valentin de Jesús Caraballo Guzmán y Félix Francisco Vásquez Peralta, permanezcan en prisión preventiva durante 18 meses. Por otro lado, Rosalba María Estrella cumplirá arresto domiciliario, mientras que Marcos Diplán Diplán y Sixto Rosario pagarán una garantía económica.
El operativo reveló la profundidad de la investigación y la cooperación entre diversas fuerzas especiales de la Policía Nacional. Los miembros de esta red adquirían armas en el mercado estadounidense y las introducían al país de contrabando a través de compañías de envío. Utilizaban sus propios domicilios y los de sus familiares como centros de almacenamiento y posteriormente comercializaban estas armas con otras organizaciones criminales.
Durante los allanamientos se decomisaron 18 pistolas de alta potencia, principalmente Glock 9 milímetros, 3 revólveres, 2 escopetas, $700,000.00 en efectivo, vehículos y equipos electrónicos. Estas acciones estuvieron precedidas por más de un año de estrategias e inteligencia, durante el cual se rastreó a la organización y se recopiló información sobre su operación y la implicación de cada miembro.
En el operativo participaron más de 10 fiscales del Ministerio Público, así como la División Especial de Investigación del Crimen Organizado Internacional (DEICROI) y otras fuerzas especiales como el equipo SWAT de la Policía Nacional, con la cooperación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.
El caso ha resultado en cargos provisionales por violación a la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, en la categoría de traficantes y por lavado de activos. El Ministerio Público sigue trabajando para desmantelar redes criminales y reducir la violencia relacionada con el tráfico ilegal de armas de fuego en el país.