Desmantelan red criminal que alteraba antecedentes penales: Detalles y medidas legales
En la reciente operación denominada «Gavilán», las autoridades han desmantelado una red criminal que operaba alterando y borrando registros de antecedentes penales para beneficiar a individuos a cambio de sobornos. La red, compuesta por fiscales, empleados administrativos y policías, fue desarticulada tras investigaciones exhaustivas.
En el transcurso de la operación, siete de los doce imputados han admitido su participación en estos actos ilícitos, los cuales afectaron a alrededor de 16,958 personas. La fiscal Sourelly Jáquez, en una medida de coerción presentada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, declaró que los acusados colaborarán con la investigación del Ministerio Público.
Para los cinco cabecillas principales de la red, se ha solicitado la imposición de prisión preventiva. En contraste, los siete implicados que han admitido su involucramiento enfrentarán arresto domiciliario, impedimento de salida del país y deberán presentarse periódicamente. El proceso judicial ha sido designado como de tramitación compleja.
El juez Rigoberto Sena emitirá su fallo sobre el caso el próximo miércoles 9 de agosto a las 6:00 de la tarde. La Operación Gavilán se centró en una red dedicada a borrar antecedentes criminales a cambio de sobornos, poniendo en peligro la integridad de los registros legales.
La fiscal Jáquez ha destacado que el Ministerio Público investigará a fondo a todas las personas implicadas en estos actos, incluyendo a quienes se beneficiaron de la alteración de los registros. Se ha mencionado que, en una etapa posterior, aquellos que pagaron sobornos también serán sometidos a procesos legales.
Se espera que los principales cabecillas enfrenten prisión preventiva, mientras que la mayoría de los implicados que admitieron su culpabilidad han reconocido los hechos. La Operación Gavilán ha destapado una red criminal que permitió a sicarios, narcotraficantes y otros delincuentes evitar antecedentes penales, incluso aquellos con condenas de hasta 30 años.
Las acciones legales en curso involucran a diversos fiscales y unidades especializadas de la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). Se han encontrado pruebas sustanciales, como dispositivos electrónicos, documentos bancarios, armas de fuego y vehículos, que respaldan los cargos imputados a la red.
El Ministerio Público también está investigando a siete fiscales involucrados en esta red criminal y tomará las medidas legales necesarias. La Operación Gavilán no solo desmanteló la red, sino que también ha llevado a cabo un proceso disciplinario a cargo de la Inspectoría General del Ministerio Público para asegurar el debido proceso.
Este caso ha demostrado la importancia de mantener la integridad de los antecedentes penales y la necesidad de sancionar a quienes intentan manipular estos registros. Las acciones legales emprendidas se basan en artículos del Código Penal Dominicano y otras leyes pertinentes que tipifican y sancionan la asociación de malhechores, el soborno, el cibercrimen y el lavado de activos.