JCE condena la recopilación ilegal de datos biométricos y solicita auditoría a su gestión
La Junta Central Electoral (JCE) reafirmó su compromiso con la protección de la identidad del pueblo dominicano y respaldó la medida adoptada por el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Proconsumidor), que ordenó la suspensión inmediata de las actividades relacionadas con el proyecto WorldCoin.
A través de este proyecto, se recopilaron datos biométricos, como el escaneo del iris de los ojos, a cambio de compensaciones económicas en distintas plazas y negocios del país. Estas acciones violan los artículos 58 y 59 de la Ley No. 4-23, Orgánica de los Actos del Estado Civil, que prohíben expresamente la recopilación, procesamiento y uso de datos biométricos por parte de entidades privadas, otorgando esta facultad exclusivamente a la JCE.
En este sentido, el Pleno de la JCE ordenó a su Consultoría Jurídica gestionar la nulidad absoluta de dichas acciones ante los tribunales competentes y emprender las acciones judiciales correspondientes contra los responsables. Asimismo, solicitó la eliminación de los datos biométricos recopilados de manera irregular.
Adicionalmente, durante la Sesión Administrativa de este lunes 18 de noviembre, el Pleno de la JCE aprobó solicitar a la Cámara de Cuentas que realice una auditoría de la gestión institucional desde el 1.º de enero de 2023 hasta noviembre de 2024. La Cámara de Cuentas ya había auditado la institución correspondiente al período 2017-2022, y esta nueva solicitud busca continuar fortaleciendo la transparencia de cara a la sociedad y los órganos competentes.
Cabe destacar que a inicios de la gestión pasada (2020-2024), el Pleno también había solicitado que dichas auditorías se realizaran anualmente para asegurar la rendición de cuentas y la confianza pública.
Finalmente, la JCE exhortó a la ciudadanía a no ceder sus datos personales a terceros, recordando los riesgos que estas prácticas representan para su identidad. Con estas acciones, la institución reitera su papel como garante de la identidad y la transparencia en el país, en cumplimiento de la Constitución y la normativa vigente.