INTERNACIONALES

La Corte Suprema de EE. UU. Debate la regulación de las personas sin hogar en medio de ordenanzas locales

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En un ambiente cargado de tensiones ideológicas, la mayoría conservadora del Tribunal Supremo de los Estados Unidos pareció inclinarse hacia la validez de las ordenanzas locales que prohibían dormir o acampar en espacios públicos en Grants Pass, Oregón. Este caso, que se extiende más allá de las dos horas y media de argumentos, destaca la división entre los jueces y pone de manifiesto la complejidad del debate sobre la indigencia en el país.

Durante la sesión, se contrastaron los derechos civiles de las personas sin hogar con la autoridad de las ciudades para mantener la limpieza y la seguridad en los espacios públicos. Mientras la mayoría conservadora apoyaba la gestión local del problema, los jueces liberales cuestionaron profundamente la perspectiva de que la indigencia no esté protegida bajo la prohibición de castigos crueles e inusuales de la Octava Enmienda.

La discusión se centró en si se puede criminalizar el estado de no tener hogar, con el abogado de la ciudad argumentando que la indigencia no se considera un estatus protegido. En respuesta, la justicia Elena Kagan y otros jueces liberales defendieron que la indigencia sí constituye un estatus, comparando la necesidad de dormir en público con necesidades biológicas básicas como respirar.

Las ordenanzas de Grants Pass han sido desafiadas por tres residentes sin hogar desde 2018, lo que ha llevado a un debate sobre si las acciones del municipio constituyen un castigo inadmisible. La postura de la ciudad, que considera que el problema debe ser manejado a nivel local sin interferencia judicial, ha sido objeto de críticas por parte de los que ven en estas medidas una falta de compasión hacia los más vulnerables de la sociedad.

Con una decisión que probablemente no se anunciará hasta finales de junio o principios de julio, el caso sigue siendo una cuestión candente tanto en las calles, donde se manifestaron cientos de personas, como en las esferas legales y políticas, evidenciando el profundo debate nacional sobre cómo manejar la crisis de indigencia en los Estados Unidos.


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