La FCC y la nueva frontera en la censura gubernamental en EE.UU.
En una era definida por su intensa polarización política y social, la reciente controversia sobre la censura gubernamental en las redes sociales ha cobrado un nuevo protagonista: la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos. A la sombra de las revelaciones sobre la censura política del FBI en plataformas digitales, la FCC se posiciona como una amenaza aún más significativa para la libertad de expresión bajo el mandato de la administración Biden. Este enfoque en la FCC no solo revela un intento de regular el discurso en línea de manera más agresiva, sino que también destaca el peligro de otorgar a cualquier brazo gubernamental un poder desmedido sobre los canales de comunicación y la información.
En medio de las secuelas de las revelaciones de los Twitter Files y la creciente inquietud sobre la marginación y censura de voces disidentes, se ha reportado un esfuerzo concertado por parte de la administración para silenciar opiniones que considera inaceptables. Este esfuerzo se manifiesta a través de la estigmatización de hechos no aprobados como desinformación y la descalificación de opiniones disidentes como teorías de conspiración. Un ejemplo contundente de esta dinámica fue el caso judicial “Missouri v Biden”, donde se expuso el alcance de la censura coaccionada por el gobierno en colaboración con empresas de redes sociales.
Simultáneamente, la FCC avanza en dos frentes que podrían alterar fundamentalmente la naturaleza de la internet tal como la conocemos. Primero, bajo la bandera de la “equidad digital”, se propone una supervisión gubernamental sin precedentes sobre los proveedores de servicios de internet (ISP), desde cómo invierten y construyen hasta los servicios que los consumidores pueden adquirir. Además, se intenta redefinir a los ISPs como servicios públicos, sometiéndolos a una regulación de tarifas que roza la propiedad gubernamental.
Esta acumulación de poder en el gobierno central presenta un escenario inquietante de censura y control indirecto, potencialmente afectando la velocidad, visibilidad y accesibilidad de plataformas de noticias y opiniones que contradigan la narrativa preferida por ciertos sectores políticos. La cuestión se agrava considerando que algunos ISPs poseen plataformas de noticias y entretenimiento, ampliando el alcance de la influencia gubernamental sobre el discurso público.