Operación Búho revela fraude de más de 2,500 Millones en cooperativa Coop-Herrera
Las autoridades han desentrañado una trama delictiva al interior de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Herrera, INC (Coop-Herrera), que involucra la simulación de inversiones en aportaciones y certificados a plazos fijos. Este elaborado plan pretendía dar la impresión de crecimiento y solidez de la cooperativa, según informa el Ministerio Público.
La investigación, liderada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público (DIGEPEM), ha llevado al arresto de siete individuos, incluyendo a altos ejecutivos de la cooperativa, en lo que se ha denominado como la “Operación Búho”. Se estima que más de 2,500 millones de pesos fueron sustraídos de los socios de la cooperativa en este esquema fraudulento.
El pasado sábado, se presentó una solicitud de medidas de coerción contra los detenidos, entre los cuales se encuentran Jorge Eligio Méndez, exadministrador general, Gabriel Santana Borsilea, Kenia Del Carmen Liriano Pérez, Ana Cecilia Tejada Santos de Álvarez, Simona Borsilea Juan, Jacer Eliazar Mejía Pereyra y Julio César Minaya. La solicitud será evaluada este lunes.
La estructura criminal que operaba dentro de Coop-Herrera estaba supuestamente bajo el control exclusivo del presidente de la cooperativa, quien luego asumió el cargo de administrador general. Este individuo colocó a familiares y personas de extrema confianza en puestos clave del consejo de administración, gerencia de crédito, gerencia general, auditoría y otras áreas administrativas, lo que le permitió manejar los fondos de los socios como si fueran su propiedad personal.
En 2018, se realizó una reestructuración de la organización administrativa de Coop-Herrera, otorgando al administrador general la máxima autoridad dentro de la entidad. Esta transformación resultó en un aparente crecimiento significativo en los activos de la cooperativa, que se consideraban extraordinarios en comparación con su historial anterior. Estas maniobras ocultaban el fraude financiero y daban la ilusión de solidez para atraer más capitales y aumentar la cartera de socios.
La solicitud de medidas de coerción también menciona la formación de una asociación de malhechores entre dos de los imputados, Méndez Pérez y Santana Borsilea. Santana Borsilea habría recibido préstamos sin justificación, llegando al punto en que los directivos del Comité de Crédito de la cooperativa fueron desplazados después de negarse a aprobar uno de sus préstamos.
Santana Borsilea habría obtenido préstamos personales y comerciales respaldados por documentos falsos que alegaban la propiedad de terrenos inexistentes. Estos documentos eran respaldados por el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), pero la investigación confirmó que no existían registros de los títulos de propiedad indicados ni a nombre de Gabriel Santana Borsilea ni en el CEA.
La solicitud de medidas de coerción también detalla la utilización de préstamos falsos, certificados financieros y aportaciones ficticias para generar intereses que luego eran retirados por la estructura criminal. La cooperativa emitió certificados de depósitos a plazo fijo falsificados para ocultar el fraude financiero y continuar captando fondos de los socios.
Los imputados adquirieron numerosos bienes de lujo, incluyendo villas, vehículos de alta gama y yates, mediante el uso de certificados financieros desprovistos de garantía o colateral. Estos bienes fueron colocados a nombre de empresas y terceros vinculados a la red criminal como parte de un esfuerzo para blanquear los fondos y bienes adquiridos.
El Ministerio Público está solicitando que el caso sea declarado como complejo y que se imponga una prisión preventiva de 18 meses para los imputados. La operación Búho ha revelado un elaborado esquema de fraude que ha dejado a los ahorrantes de Coop-Herrera con pérdidas significativas y ha expuesto una red criminal que operaba desde el interior de la cooperativa.