Presidente Luis Abinader incorpora a Castro Marte y Castaños Guzmán al consejo directivo de INCABIDE
En un movimiento estratégico para fortalecer el marco institucional del país en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción, el presidente Luis Abinader, a través del Decreto No. 156-24, designó a Jesús Castro Marte y Julio Miguel Ángel Castaños Guzmán como nuevos miembros del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (INCABIDE), este martes.
La incorporación de Castro Marte y Castaños Guzmán al Consejo Directivo viene a sumar experiencia y visión a este órgano, establecido bajo la Ley núm. 60-23, promulgada el 27 de octubre de 2023. Esta ley, que rige la Administración de Bienes Secuestrados, Incautados y Abandonados en los Procesos Penales y en los Juicios de Extinción de Dominio, confiere al Consejo Directivo un papel crucial como entidad normativa, deliberativa y de control.
Dentro de las competencias asignadas al Consejo Directivo de INCABIDE, destacan la autorización de solicitudes de uso provisional de bienes, la aprobación de propuestas de cese de operaciones o liquidación de activos de sociedades comerciales bajo administración, y la supervisión del manejo financiero y distribución de recursos derivados de las sentencias de decomiso o extinción de dominio. Además, se les otorga la facultad de instruir la venta anticipada de bienes bajo ciertas condiciones, reforzando así las medidas de gestión y conservación del valor de los activos incautados.
El Consejo Directivo está conformado por figuras clave dentro del gobierno, incluyendo al ministro de Hacienda, quien preside el Consejo, el procurador General de la República, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, y el director ejecutivo del INCABIDE, quien participa con voz pero sin voto, junto a los dos miembros recién designados por el presidente de la República.
La designación de Castro Marte y Castaños Guzmán refleja el compromiso de la administración actual con la transparencia y la eficacia en la gestión de los bienes incautados, elementos esenciales para fortalecer el Estado de derecho y combatir la corrupción en todas sus formas.