Prisión preventiva ratificada para implicado en caso de borrado de antecedentes penales
El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ha decidido mantener la prisión preventiva del acusado Rubén Darío Morbán Santana, a quien el Ministerio Público responsabiliza de formar parte de la red que manipuló registros de antecedentes penales de más de 16,000 individuos, acción que fue desarticulada mediante la Operación Gavilán.
El juez Deiby Timoteo Peguero Jiménez, tras considerar la solicitud del Ministerio Público, ha confirmado la medida de prisión preventiva para Morbán Santana durante la revisión obligatoria de la medida de coerción.
Morbán Santana permanece bajo prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal, debido a su supuesta participación en la red desmantelada que alteró los registros de antecedentes penales de 16,958 personas.
El proceso fue declarado de tramitación compleja en agosto pasado, y la prisión preventiva se impuso como medida de coerción por 18 meses a los imputados Domingo Julio Santana Sánchez, Mártires Rosario Reyes, Alfredo Mirambeaux Villalona, Luis Alfredo Astacio Polanco y Rubén Darío Morbán Santana. Esta decisión ha sido ratificada en todos los casos relacionados con el proceso.
Dos de los imputados, Pilar Irenes Medina Trinidad y Vicente Ferrer Monegro, tienen medidas de coerción que incluyen arresto domiciliario e impedimento de salida del país.
La Operación Gavilán se enfocó en la acusación preliminar de un grupo de fiscales, empleados administrativos y policías que supuestamente eliminaron antecedentes penales a cambio de sobornos.
En la operación para desmantelar la red participaron fiscales, unidades especiales de la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), quienes llevaron a cabo allanamientos en varias ubicaciones, incluyendo el Distrito Nacional, Santo Domingo, Independencia y San Pedro de Macorís.
Esta red criminal se dedicó al borrado de antecedentes penales de individuos con historiales delictivos que incluían sicarios, narcotraficantes, violadores sexuales y otros. Como resultado, personas con condenas de hasta 30 años de prisión figuraban sin antecedentes penales en los registros oficiales.
Durante los allanamientos, se incautaron pruebas de los delitos imputados, incluyendo dispositivos electrónicos, pruebas de transferencias bancarias, armas de fuego, vehículos, dinero en efectivo, cédulas y copias de cédulas.
Los implicados en la red enfrentan cargos por asociación de malhechores, soborno, cibercrimen y lavado de activos derivados de los delitos imputados. Se les ha llevado a la justicia por violar varias leyes, incluyendo el Código Penal Dominicano y leyes relacionadas con la función pública, crímenes y delitos de alta tecnología, así como leyes en perjuicio del Estado dominicano.