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Ratifican medida de coerción a acusados por corrupción en el caso Medina Sánchez

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El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, a solicitud del Ministerio Público, ha confirmado la medida de coerción de prisión domiciliaria para Carmen Magalys Medina Sánchez y Fernando Aquilino Rosa Rosa. Ambos son acusados de participar en hechos de corrupción administrativa en el entramado liderado por Juan Alexis Medina Sánchez.

La procuradora de corte Mirna Ortiz, quien coordina la Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), explicó que la ratificación de la medida se basó en la continuidad de los presupuestos que llevaron a su imposición original. Ortiz mencionó que, en el caso de Fernando Rosa Rosa, se ha sustituido el localizador electrónico debido a problemas económicos para su mantenimiento.

La audiencia, que tuvo lugar luego de la ratificación, también informó que la fecha del juicio del proceso fue fijada para el 11 de septiembre, tras haber sido suspendida debido a razones relacionadas con la defensa de la imputada Libni.

El tribunal, presidido por la jueza Claribel Nivar e integrado por Yissel Soto y Clara Sobeida Castillo, aplazó el inicio del juicio de Juan Alexis Medina Sánchez y otros acusados debido a una solicitud de la defensa que alegó no estar al tanto de las imputaciones. Además, el tribunal rechazó la solicitud de reposición presentada por el abogado defensor del acusado José Dolores Santana.

El proceso legal involucra a una serie de acusados, incluyendo a Juan Alexis Medina Sánchez, Carmen Magalys Medina Sánchez, Fernando Aquilino Rosa Rosa, y otros individuos y empresas. El expediente describe un entramado societario utilizado por Juan Alexis Medina Sánchez para beneficiarse de su posición y realizar maniobras fraudulentas en asociación con funcionarios. Los tipos penales abarcan una serie de delitos, como asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, soborno activo y pasivo, entre otros.

Este proceso judicial, que ha capturado la atención pública debido a la magnitud de los delitos alegados, sigue su curso con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de los acusados en este entramado de corrupción administrativa.


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