Senado aprueba creación de la Dirección Nacional de Inteligencia
En un movimiento crucial para la seguridad nacional, el Senado de la República Dominicana ha dado luz verde a la creación de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el Sistema Nacional de Inteligencia (SNI). La propuesta legislativa, que busca fortalecer la capacidad del Estado en materia de inteligencia y contrainteligencia, ahora espera la ratificación o revisión del Poder Ejecutivo.
El objetivo primordial de esta ley es establecer la DNI como un organismo central del Estado, enfocado exclusivamente en la protección de la seguridad nacional y en la coordinación del SNI. Esta iniciativa, que previamente obtuvo la aprobación de la Cámara de Diputados, fue ratificada en el Senado con una mayoría de 21 votos a favor y 4 en contra.
La pieza legislativa define al SNI como un entramado de relaciones funcionales entre los organismos de inteligencia del país, todos coordinados bajo la égida de la DNI. Su cometido será proporcionar información estratégica esencial para salvaguardar la seguridad nacional.
El DNI, en su nuevo rol, no solo coordinará las actividades del SNI, sino que también dirigirá operaciones de inteligencia y contrainteligencia. Este proyecto representa una transformación significativa del actual Departamento Nacional de Inteligencia, que pasará a operar como una dirección integrada en varias instituciones estatales.
La misión de la DNI se centra en ejecutar operaciones de inteligencia y contrainteligencia para proteger la seguridad nacional y el orden interno. Esto incluye la prevención y neutralización de riesgos, amenazas o agresiones contra la Constitución de la República.
La ley estipula que las entidades estatales, instituciones privadas y personas físicas estarán obligadas a suministrar a la DNI toda la información que esta requiera, respetando las formalidades legales para la protección de los derechos. Además, el artículo 11 de la ley autoriza a la DNI a emplear medios y actividades encubiertas, incluyendo la obtención de identidades, matrículas y permisos reservados, siempre que estas operaciones sean pertinentes y adecuadas a sus objetivos.
Este desarrollo legislativo representa un paso significativo en la consolidación de la seguridad nacional dominicana, reflejando un esfuerzo concertado por parte del gobierno para fortalecer sus capacidades de inteligencia frente a desafíos como el crimen organizado, la corrupción y la inmigración irregular.