Tribunal Superior Administrativo rechaza medida cautelar de transcore Latam en caso de semáforos inteligentes
El Tribunal Superior Administrativo (TSA) de la República Dominicana emitió un fallo desfavorable hacia Transcore Latam S.R.L., una compañía que había presentado una medida cautelar contra la suspensión de su contrato con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) relacionado con la implementación de una red de semáforos inteligentes. Este caso, actualmente bajo investigación por el Ministerio Público, ha suscitado gran atención debido a las acusaciones de irregularidades en el proceso de licitación.
Carlos Pimentel, director de Contrataciones Públicas, reveló detalles sobre la sentencia 0030-01-2023-SSMC-00127 emitida por el TSA, que rechazó los argumentos de Transcore Latam para la adopción de una medida cautelar contra la resolución de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Transcore Latam, dirigida por José Ángel Gómez Canaán, había solicitado que no se suspendiera su acuerdo para modernizar y gestionar el sistema de tráfico en el Gran Santo Domingo, valorado en más de 1.3 mil millones de pesos dominicanos.
La decisión del TSA se produce después de que las investigaciones realizadas por Contrataciones Públicas y la Unidad Antifraude de la Contraloría revelaran un entramado societario complejo y la presentación de documentación falsa por parte de Transcore Latam para acreditar experiencia, lo que resultó en su inhabilitación. Esta resolución, Ref. RIC-179-2023, se tomó en el contexto de la Licitación Pública Nacional Núm. INTRANT-CCC-LPN¬2023-0001.
El contrato original, firmado por Hugo Beras, entonces director del Intrant, ha sido objeto de escrutinio. Beras defendió inicialmente el contrato, pero tras salir a la luz las irregularidades, solicitó licencia de su cargo al presidente Luis Abinader.
Durante la investigación, la DGCP identificó lo que Pimentel describió como “signos de aparente utilización de mecanismos de creación de múltiples empresas a través de una única entidad o un solo beneficiario final”. Esta situación ha llevado a que el expediente sea remitido al Ministerio Público, que actualmente está ejecutando el ciclo de investigación para determinar si procede con acciones legales en los tribunales.
Este caso resalta la importancia de la transparencia y la legalidad en los procesos de licitación pública, y sus implicaciones podrían tener un amplio alcance en la gestión de contratos gubernamentales en la República Dominicana.