Turbulencia en Machu Picchu: Protestas dejan turistas varados y cuestionan nueva gestión de boletos
Cientos de turistas se encontraron atrapados cerca de Machu Picchu, el sitio más visitado de Perú, durante el fin de semana pasado. Manifestantes bloquearon las rutas ferroviarias y de autobuses hacia el lugar, además de cerrar tiendas y restaurantes en Aguas Calientes, puerta de entrada a Machu Picchu, en la región de Cuzco. En las redes sociales, algunos visitantes compartieron videos pidiendo ayuda. La policía evacuó a unos 700 turistas el sábado, muchos de los cuales se fueron sin poder visitar el sitio.
Las protestas comenzaron el jueves, cuando los manifestantes exigieron al gobierno la anulación de un contrato que permitía a una empresa, por primera vez, vender entradas a Machu Picchu. Anteriormente, estas se vendían a través de la oficina de cultura en Cuzco, controlada por el gobierno regional.
Los manifestantes acordaron una “tregua” de 24 horas el martes para participar en conversaciones con funcionarios del gobierno. Aunque Machu Picchu está oficialmente abierto, el servicio de tren a Aguas Calientes y los autobuses que llevan a los turistas a la ciudadela permanecen suspendidos. La Embajada de EE. UU. aconsejó a los viajeros que deseen intentar llegar al sitio por otros medios, asegurarse de llevar suficiente comida y cualquier medicina que puedan necesitar.
Machu Picchu, considerado un refugio del siglo XV para la realeza inca, recibió unos 2.2 millones de visitantes el año pasado, por debajo de los niveles prepandémicos de 4.6 millones. Perú ha intentado alentar a los turistas a visitar otros sitios antiguos, en parte para prevenir el sobrecupo, lo cual la UNESCO ha advertido que podría dañar partes de su estructura.
Los manifestantes incluyen operadores turísticos, guías, activistas y residentes de la región de Cuzco. Se oponen a que una empresa privada se beneficie de la venta de entradas a Machu Picchu y alegan que la empresa, Joinnus, una plataforma de marketing de eventos, fue elegida para administrar las ventas el año pasado a través de un trato corrupto con la ministra de cultura, Leslie Urteaga, lo cual ella niega.
El descontento con el gobierno de la presidenta Dina Boluarte es profundo en Cuzco, una región con una fuerte presencia indígena y numerosas ruinas precolombinas. Boluarte asumió el cargo a finales de 2022 después de que su predecesor fuera destituido y arrestado tras intentar disolver el Congreso peruano, lo que provocó protestas en todo el país que ella respondió con represión, dejando 49 civiles muertos, principalmente en regiones indígenas.
El gobierno afirma que el nuevo sistema de boletaje tiene como objetivo hacer las ventas más transparentes y alega que “mafias” vinculadas al gobierno regional de Cuzco desvían una parte de los boletos para venderlos en el mercado negro, privando a las arcas públicas de ingresos y dificultando medir el verdadero número de visitantes al sitio.
El gobierno también está intentando implementar un sistema “dinámico” donde el límite diario de visitantes cambia a lo largo del año.
Los manifestantes quieren la renuncia de la ministra de cultura y la anulación del contrato con Joinnus. El martes, el ministerio de cultura anunció que trasladaría el nuevo sistema de boletos a una plataforma administrada por el gobierno central, con aportes del gobierno regional de Cuzco.
No está claro si los manifestantes reanudarán su protesta después de que termine la tregua a la medianoche del martes.
Perú ha experimentado conflictos sociales frecuentemente, y no es raro que los residentes de regiones rurales bloqueen carreteras para llamar la atención de los medios sobre sus demandas y presionar a las autoridades para negociar.
En la última década, los manifestantes han bloqueado el acceso ferroviario a Machu Picchu varias veces como parte de esfuerzos para obtener salarios más altos para profesores y trabajadores de la salud, tarifas más bajas para el servicio ferroviario o asistencia para agricultores durante una aguda escasez de fertilizantes.
En 2022 y a principios del año pasado, el turismo en gran parte del sur de Perú, incluido Machu Picchu, se paralizó durante varias semanas debido a disturbios políticos tras la toma de posesión de Boluarte.